No es una pretensión políticamente correcta lo que me mueve a escribir a favor del feminismo y en contra de Sanín. Estoy convencida de que las feministas colombianas, aún estando muy equivocadas y siendo un movimiento que se sostiene entre miles de contradicciones políticas (afortunada y desafortunadamente), tenemos LA razón histórica, también sobre el escrache. No voy a decir que Sanín no es feminista, pues todo movimiento político trae consigo su negación inherente y, por eso, desde que existe el feminismo existen, paradójicamente, las feministas antifeministas. Como ella. Su criticismo, el que impone su originalidad, el que se esfuerza por la exaltación de una individualidad autorreferencial y que ha asumido un “yo” vanguardista, no es necesariamente radical, en ocasiones y cada vez más, es reaccionario.
Repito una verdad a voces: el derecho y todas nuestras instituciones democráticas son patriarcales y misóginas. En esa afirmación cabe una totalidad que pocas veces nos damos a la tarea de demostrar, aunque las evidencias salten a la vista y las tomemos en sí mismas como suficientes. La presunción de inocencia es una de estas instituciones jurídicas que, no por ser democrática está exenta del juicio feminista sobre la totalidad. Voy a tomar muy en serio la defensa de Sanín de esta institución, pero voy a señalar también que si el caso es tomarnos la democracia con seriedad, habrá que hacer un juicio que pondere el lugar de la presunción de inocencia de cara a otras instituciones democráticas importantes.
La presunción de inocencia es un principio por el cual el derecho penal está obligado a actuar en función de limitar el poder punitivo que agencia y, por lo tanto, el derecho debe contenerse a sí mismo para no restringir las libertades ciudadanas por medio de una pretensión de imparcialidad que debe cumplir como mandato democrático. Basta de asumir que el periodismo tiene la misma obligación de autolimitarse con expresiones que son imperativas en el ámbito jurídico, pues si bien, la opinión pública tiene una agencia punitivista importante en nuestras sociedades, en tanto que produce ideología (el derecho penal también lo hace); la opinión pública no es el derecho penal que debe autorrestringir su poderío y garantizar la estaticidad de un principio jurídico sino, al contrario, debe dinamizar ese estado de inmovilidad que estanca los procesos sociales y políticos (e incluso los jurídicos). La presunción de inocencia se opone a la libertad de prensa si se hace encajar ese principio legal y democrático donde no tiene lugar. La opinión pública que se manifiesta a partir de una supuesta objetividad asumida como la exclusión de puntos de vista personales y la inclusión de todos los puntos de vista, de las dos orillas, las dos posiciones, la acusación y la defensa como silenciamiento y encubrimiento de la verdad, es la otra cara de la misma moneda punitivista de la opinión pública. El periodismo también puede convertir a la sociedad en un gran tribunal penal al asumirse como análogo del derecho y evitando su propio campo de acción en la producción de la verdad que agencia: informar sobre testimonios de primera fuente desde el punto de vista y la situación que a lxs periodistxs bien les venga en gana (Sanín dice que es “irresponsable” no contar las historias detalladamente, pero se opone a la espectacularidad que consume mujeres victimizadas). Si la democracia es el punto, la falta de opinión pública, el reemplazo de la verdad social por la verdad judicial, el silenciamiento de la denuncia de interés social, es el peor escenario para la democracia.
Yo pongo en duda que a Sanín le interese la opinión pública responsable y entonces, asumo yo, que tampoco le interesa sinceramente la democracia. A mí tampoco me interesa, si esa pretensión no parte necesariamente del juicio feminista sobre la totalidad de nuestras producciones democráticas. El mismo derecho penal y la misma opinión pública que condena a las mujeres todos los días, esas formas de castigo público que son el prototipo del castigo moderno, cuyo emblema de la masculinidad burguesa ha sido la prisión, pero a la cual le subyace necesariamente, que las mujeres sigamos estando sujetas de manera rutinaria a formas de castigo privadas[1], son las condiciones en las que Carolina Sanín considera que el escrache se parece más a un ejército paramilitar de mujeres que se victimizan a costas del “punto de la civilización en que podemos pensar en el mal al mal”. ¿Y a mí qué si ella no quiere el castigo de los abusadores? Esa también es una concepción moral (una afuerista) que se eleva a principio, porque ella puede y quiere (y además quiere que las demás lo hagamos así). Para muchas mujeres, que en efecto son víctimas, que quizás tengan o no miedo, querer el castigo de su acosador, violador, etc., no es una opción, es una determinación. Y para quienes podemos elegirlo, para quienes no es nuestra determinación salir de una situación de abuso por las vías rocosas que “ofrece” el derecho, tampoco tenemos que asumir cristianamente nuestro rencor, incluso aunque queramos el abolicionismo del derecho penal y no su reforma. Al estar este estructurado patriarcalmente, no hay salidas no patriarcales al punitivismo y viceversa.
Creo que podemos seguir eligiendo las opciones del adentro, incluso el mismo derecho penal, y que eso no nos hace partícipes de su incoherencia inherente: no servir para nada de lo que se propone. Como la Antígona butleriana, que al afirmar su acción (“no voy a negar mi acto”) en contra de la norma y que en el mismo acto en que afirma la autoridad que Creonte tiene sobre ella, comete otro acto delictivo más que agrava y toma el lugar del anterior; creo que el escrache tiene una función que no es legitimable del sistema jurídico penal, sino que se afirma como acción negativa, que no es algo fácil de hacer. Antígona hace públicos sus propios hechos y de esta forma se apropia de la retórica de la acción del mismo Creonte. Según Butler, en esa acción, Antígona pone en juicio la autoridad que afirma, se sale de los marcos ordinarios de la justicia de Creonte reclamando actuar en el nombre de una ley que desde la perspectiva del mandatario no tiene aplicabilidad. En este mismo sentido, el escrache deja en evidencia la inviabilidad del sistema penal, su estructura sexista y generizada y, por lo tanto, que no puede juzgar a las mujeres con los mismos criterios masculinos, con los cuales nos ha condenado y nos sigue condenando a suplicios privados, sin que sea obvia su ineptitud. Ahora en este “punto de la civilización en que podemos pensar en el mal al mal”, basta con que los saquemos de la privacidad que nos condena para que hablen por sí mismos. En “este punto de la civilización”, en el que logramos contra todo pronóstico un movimiento feminista en cada rincón del mundo, esa ineptitud habla sola, ya no se necesitan los nombres de quien los vive y la evidencia ordálica de unas mártires expuestas al escarnio público. Pero Sanín quiere que todas las mujeres volvamos al medioevo para ella poder hacer gala de que es una mujer que piensa.
Derivo que Sanín no asume “responsablemente” su feminismo y aquí el asunto es que ni siquiera asume, bien fuera irresponsablemente (yo abominaría una sociedad llena de responsables), la angustia que la mueve. Al contrario, la ha volcado toda sobre la mala fe por medio de la cual su angustia se nos aparece, ahora todo el tiempo, como la exaltación de sí misma. Una mujer que piensa, se pregunta y lee las situaciones, no necesariamente tiene la razón. La formación y el pensamiento son un deber ético de las feministas, sí, pero ante el feminismo son un compromiso histórico con sus condiciones propias y sus posibilidades de existencia, incluso aunque en este no se pretendan militancias.
[1] Un ejemplo entre mil, que ha sido ampliamente documentado, por Angela Davis entre otras: las mujeres “desviadas”, han sido encarceladas en mayor proporción en instituciones psiquiátricas que en prisiones, de modo que, mientras los hombres han sido concebidos como delincuentes, a las mujeres se las ha tenido por locas.
